S upongamos que la reforma de la Constitución es imprescindible; que «la necesitamos», dijo ayer Zapatero con la fe del converso. Supongamos más: que es razonable, que está justamente planteada y que su finalidad es noble y beneficiosa para el país y sus penosas finanzas. Aceptado todo eso con más voluntad que razón, ¿se debió plantear en este preciso momento? ¿Se debió presentar como última iniciativa de la legislatura, cuando estamos a menos de 80 días de las elecciones generales?
Hago estas preguntas por dos motivos, uno de partido y otro de interés general. El de partido es que Zapatero le ha creado un problema innecesario a su candidato Pérez Rubalcaba. Lo dejó a los pies de los caballos después de haber ridiculizado la primera iniciativa de Mariano Rajoy. Le hizo cambiar de idea cuando tiene que demostrar más fortaleza de ideas. Lo obligó a dar explicaciones a los barones del PSOE, también para hacerles cambiar de criterio. Y hace que la opinión pública esté más pendiente de este asunto que de las propuestas de Pérez Rubalcaba en su difícil batalla electoral. Muy presionado se tuvo que ver el presidente para hacerle esta faena a su propio partido y a su delfín.
El motivo de interés general es que las vísperas de elecciones falsifican las actitudes políticas. Líderes y partidos no actúan con esa generosidad que Chaves reclama. Ya están a la caza del voto y funcionan con esa mentalidad. El propio Rajoy no hubiera dado su visto bueno a la reforma si no pudiera pregonar que la idea fue suya. Y miren a los nacionalistas vascos: tal como había adelantado su portavoz parlamentario, el señor Erkoreka, van a poner precio a su voto afirmativo, como suelen hacer siempre. Y no se andan con chiquitas ni medias tintas. Mezclan ajos con cebollas, y órdago a la grande: ya que se toca la Constitución, tóquese para reconocer al País Vasco su derecho a decidir que, como se sabe, es el eufemismo de autodeterminación.
Naturalmente, contra el vicio de pedir hay la virtud de no dar. Sin el voto afirmativo del PNV se aprobó la Constitución en 1978, y ha sido la Constitución del consenso. No se hunde el Estado ni se deteriora esta reforma por su nuevo no. Ni Urkullu ni Erkoreka son tan ilusos como para pensar que les van a aceptar la condición. Pero la ponen para reivindicarse ante su clientela como los auténticos defensores de la independencia de Euskal Herria, frente a los crecidos revoltosos de Bildu.
Quizá este sea el gran error formal de la reforma: al mezclarse con los intereses electorales del momento, fuerza posiciones que abren una nueva herida en la cohesión nacional. ¿Estamos tan ahogados que no se pudo esperar ni tres meses? Eso es lo que alguien nos tiene que explicar.
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