La causa viguesa, hoy, por las calles de Oviedo
Desde el día 24 de diciembre, el barrio vigués de Coia se ha unido en una lucha "evitar la colocación del barco Bernardo Alfageme, un pequero histórico, construido en 1944, en una de sus rotondas. La resistencia a las obras la canaliza una asamblea abierta de vecinos y vecinas, cuya demanda es "mas dinero para poíticas sociales y menos para obras públicas"
“Nuestra lucha para evitar que trasladen el barco a la rotonda de Coia va más allá del hecho en sí. Tenemos muy claro que el barco es un símbolo. Salir a la calle, parar las obras, manifestarnos... es una expresión del cansancio ciudadano ante las políticas de unos gobernantes que viven muy alejados de las necesidades reales que tienen las personas”, explican desde la Asamblea Abierta de Coia, motor de las protestas contra la instalación del Bernardo Alfageme. “Ellos viven en esa 'cidade fermosa' que pregona a los cuatro vientos la publicidad institucional, la ciudad de los grandes cruceros, la de las obras faraónicas, mientras que nosotros vivimos en los barrios, en las calles donde los meses son demasiado largos y el dinero, al igual que nuestros derechos, son siempre escasos”, denuncian.
Sanciones para acrecentar el miedo
En las pasadas semanas, la represión de las protestas ha ido incrementándose progresivamente. Además de las tres personas acusadas de atentado (con penas de dos a cinco años) y lesiones (con penas de uno a tres años), el alcalde afirmaba en dos periódicos locales el pasado domingo que había tramitado más de 20 expedientes sancionadores contra las personas identificadas en las protestas. “El ayuntamiento no tiene competencias para sancionar por esos hechos. Se lo manda al competente, que es la Subdelegación de Gobierno, pidiendo que se incoen procedimientos sancionadores. Habrá que ver si pasa o no pasa”, explica la abogada de la asamblea Esther Lora. Desde Subdelegación de Gobierno han desmentido a Diagonal que hubiesen recibido dichas notificaciones, pero el objetivo estaba cumplido. “¿Qué está consiguiendo toda esta historia de los detenidos y las multas? Que la gente se asuste mucho. Cualquier acción ahora en la rotonda va a ser cuestión de muy poca gente, porque todo el mundo tiene mucho miedo. Hay mucha gente mayor, personas con niños... Esto es una ridiculez”, se lamenta Lora. “Pensamos que la policía local tiene órdenes expresas del Ayuntamiento para criminalizar la protesta”, afirma la abogada. Prueba de ello es que ésta ha llegado a multar a los conductores que sonar el claxon al pasar por la rotonda, en señal de solidaridad con las personas allí concentradas.
Uno de los detenidos, Diego Lores es, además, integrante de la Oficina de Dereitos Sociais (ODS) de Coia, que se ubica en los locales de la Parroquia del Cristo de la Victoria, motor reivindicativo del barrio desde hace décadas. La ODS actúa desde 2007 como punto de información sobre ayudas sociales, e intenta visibilizar y denunciar el empobrecimiento de los vecinos y articular respuestas colectivas. Como trabajador social, tanto él como Esther Lora se han reunido con el alcalde y la concejala de Bienestar Social en estos últimos años en diversas ocasiones. “Lo central para nosotros es denunciar eso: el despilfarro en cosas estúpidas, que ahora es el barco, pero antes fueron escaleras mecánicas, un poco antes un mega-auditorio que pagamos entre todos y que no sirve para nada”, explica Diego Lores, que insiste en que no se trata de una lucha puntual. “Llevamos varios años de mucha presencia en la calle, mucha formación, muchas charlas, muchas entrevistas con partidos y con políticos del ayuntamiento y de la Xunta, denunciando el desastre de las políticas sociales en Galicia, y en Vigo con la gestión de los servicios sociales municipales. Además, en los últimos tiempos, a las luchas de la gente por esa mala gestión se suma la de las propias trabajadoras de servicios sociales, que salen a la calle toda una semana para denunciar el colapso, la falta de personal y los problemas que tiene el servicio. En ese momento, leemos en la prensa que se quiere meter un barco que cuesta 300.000 euros y decimos que no nos insulten en nuestra cara”.
El Ayuntamiento hace oídos sordos
El alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, por su parte ha reiterado que "la ciudad quiere que allí haya un barco". "La ciudad lo quiere y se va a hacer", es el mantra que ha venido repitiendo el alcalde en sus declaraciones a los diferentes medios de comunicación. El pasado fin de semana, Caballero ha llegado a comparar al barco de Coia con la Fontana di Trevi, puesto que “son grandes obras de arte que se pueden ver en el medio de la calle”. Por su parte, las obras continúan adelante, con la colocación de una base de cemento donde se situará el barco. Está previsto que esto se lleve a cabo en los próximos días.
Los opositores a las obras han llegado a exigir que se realice un referéndum, y están recogiendo firmas. Además, las obras también cuentan con el rechazo del pleno municipal, que en el mes de octubre votaba a favor de instar al gobierno local a que iniciase conversaciones con la Consellería de Cultura para estudiar la posibilidad de ubicar el pesquero en el Museo do Mar de la ciudad, con los votos de PP y BNG. No hay que olvidar que el PSOE gobierna en minoría en la ciudad. El ayuntamiento rechazó, sin embargo, la propuesta y decidió seguir adelante con la actuación. Fuentes de la Consellería de Cultura en declaraciones a Diagonal han confirmado que el Ayuntamiento no llegó a contactar para estudiar la viabilidad de la colocación del barco en dicho Museo.
A este respecto, la Asamblea de Coia ha manifestado que “la idea de instalar un barco con un destacable valor histórico en una rotonda es la perfecta metáfora de la concepción cateta e ignorante que tiene el gobierno municipal en relación al patrimonio cultural: por un lado nos dicen que estamos ante un magnífico ejemplar de patrimonio industrial de la ciudad, y por otro no surge una iniciativa mejor que plantarlo en una rotonda, convirtiéndose en un mero objeto decorativo expuesto a la corrosión y al deterioro, sin la menor función didáctica y pedagógica que necesariamente debe tener un bien cultural de esta magnitud”.
Las sombras de la empresa encargada de las obras
Civis Global es la empresa que está realizando las obras de la rotonda. Su denominación social anterior era Movexvial, vieja conocida de los juzgados vigueses. En 2012,distintos medios de comunicación destaparon que la empresa había recibido adjudicaciones masivas de obras financiadas por el Plan E en la ciudad de Vigo. La empresa pasó de facturar en 2004 y 2005 unos 2,4 millones de euros en obra pública a 18 millones en 2009 y 2010, según denunciaba el secretario local de Izquierda Unida. A consecuencia de estas informaciones, el presidente de la empresa, Javier Carrera, dimitía de su cargo. Carrera era también promotor de un polémico complejo de apartamentos de lujo levantado a 50 metros del mar, en la Ría de Arousa, donde adquirieron propiedades el ministro de Fomento, José Blanco, entre otros cargos socialistas, según informaba entonces el diario El Mundo. En ese momento, el alcaldeAbel Caballero decía desconocer el reparto de las adjudicaciones del Plan E en la ciudad.
Posteriormente, Movexvial vuelve a aparecer en los medios vinculada a la trama de Las 5 Jotas, la mayor operación de fraude con facturas falsas de Galicia. En dicha investigación se destapó que la empresa Las 5 Jotas realizaba facturas falsas para muchas otras empresas. Según informaciones publicadas por La Voz de Galicia, el jefe de dicha empresa, José Manuel Costas, declaró en el juicio contra la trama que “las facturas falsas de Movexvial eran para pagar comisiones a políticos por obra pública”. El administrador de Movexvial reconoció en dicho juicio que las facturas eran falsas y que la empresa había abonado lo defraudado y la multa a Hacienda. “Movexvial pagó 636.000 euros de multa y 408.000 de cuota defraudada, lo que supone que entregó un millón de euros a Hacienda antes de ir al juicio”, informaba La Voz de Galicia. Este pago les permitió llegar a un acuerdo con la Fiscalía y cambiar su denominación social a Civis Global.
La empresa vuelve a saltar a los medios el pasado mes de octubre vinculada a una investigación iniciada por la Fiscalía de Vigo sobre supuestas irregularidades cometidas en la adjudicación de obras municipales a constructoras que, a su vez, subcontratarían a una empresa de hormigones de la que el concejal vigués Ángel Rivas había sido directivo. En esta investigación por presuntos delitos de negociaciones prohibidas y prevaricación administrativa también fueron imputados dos exdirectivos de Movexvial, junto con el concejal socialista y el jefe del área de Fomento de Vigo, Álvaro Crespo. Los dos directivos de Movexvial negaron todas las acusaciones,según informaba Atlántico Diario. Hoy en día, Ángel Rivas sigue siendo concejal del Área de Distritos, Parques, Jardines , Limpieza y Comercio del Ayuntamiento.
El símbolo de una lucha
Desde la Asamblea de Coia lo tienen claro: “Para nosotros, el barco es un símbolo. El símbolo que encarna una realidad que no queremos para nuestro barrio, para nuestra ciudad, para nuestra sociedad. Simboliza el escaso talante democrático de la actual corporación municipal, la apuesta por la (i)lógica mercantilista en las políticas urbanísticas, en vez de hacer de la ciudadanía el centro de estas políticas; las oscuras connivencias entre la corporación municipal y la empresa adjudicataria de las obras; los estrechos lazos que unen al gobierno municipal con algunos medios de comunicación; la falta de una política cultural al servicio de la ciudad”, sentencian.
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